Castilla fue conocida como una unidad hasta el s. XVI, cuando se popularizó el concepto de 𝘊𝘢𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘢 𝘕𝘶𝘦𝘷𝘢 para referirse al antiguo Reino de Toledo, en contraposición a 𝘊𝘢𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘢 𝘝𝘪𝘦𝘫𝘢, identificada con el antiguo Reino de Castilla.
A la muerte de Fernando VII en 1833, Isabel II decidió continuar con las reformas administrativas adoptadas en 1822. A tal efecto, en octubre de ese año, nombró ministro de Fomento a Javier de Burgos, que sería el máximo responsable de llevar a cabo la ansiada división provincial.
De Burgos adoptó el plan de Larramendi y Bauzá aprobado en 1822, del que restó tres provincias (El Bierzo, Calatayud y Játiva) y además añadió un nuevo ente supraprovincial: las regiones, que fueron configuradas en base a las regiones históricas y antiguos reinos preexistentes. Así, a Castilla la Vieja, vinculada al antiguo Reino de Castilla, le fueron asignadas las provincias de Valladolid, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Santander y Logroño.
Esta división se mantuvo hasta 1978, en que se inició el proceso de constitución de las autonomías. El famoso "café para todos" que especialmente afectó a Castilla, de donde se segregaron Cantabria, La Rioja y Madrid y a la que se añadieron Albacete (a Castilla - La Mancha) y la Región Leonesa, que fue unida a los restos de Castilla la Vieja para formar la artificiosa "Castilla y León".